PROCESOS DE URBANIZACIÓN EN MÉXICO: REFLEXIONES SOBRE LA INCIDENCIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Los procesos de urbanización en México han favorecido la concentración de la población en búsqueda de servicios y desarrollo económico, social y cultural, acrecentando los impactos en el territorio. La postura patrimonialista normalizada de un sistema de planeación que considera que habitar en una zona rural representa pobreza ha promovido mayormente las intervenciones en escenarios urbanos, relegando a los asentamientos rurales a programas meramente asistencialistas. Pareciera que se ha pasado por alto comprender la interrelación tanto, entre las distintas escalas -la regional, la urbana y rural, la local y cotidiana- como en los diversos ámbitos -económicos, socioculturales, ambientales- que convergen en los procesos de diseño del hábitat.

Este libro tiene el objetivo de abordar desde distintas escalas asentamientos humanos a partir de casos específicos de localidades y regiones mexicanas, en especial del norte del país. Las líneas transversales son la incidencia social y medio ambiental. De ellas derivan temas entrelazados como son la política pública, la vivienda social, los asentamientos humanos irregulares, los sitios de valor patrimonial, el espacio público, la movilidad, los estudios de género y la infraestructura verde.

Para situarnos en el contexto de los estudios sobre asentamientos humanos, resulta pertinente mencionar que la Organización de las Naciones Unidas-HABITAT para México (2017) señala que se contará con 961 ciudades en el 2030, las cuales albergarán al 83.2 por ciento de la población nacional. Por otra parte, los estudios sobre el tema de pobreza, indican que esta incrementará debido a la falta de servicios básicos por el surgimiento de asentamientos irregulares, los cuales requieren ser incorporados en el ordenamiento territorial con una planeación urbana fundamentada en el desarrollo. Una de las tareas más demandantes y difíciles para los gobiernos es la mitigación o eliminación de la condición de vulnerabilidad de quienes habitan un asentamiento informal.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor en 1976, una década después de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El pronunciamiento se basa en los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos (OHCHR, 24/08/2024). El Pacto Internacional señala que la calidad de vida de los habitantes en un asentamiento es lo primordial; se enfatiza que todos tienen derecho a un nivel de vida adecuado, y se reconoce que los asentamientos informales se encuentran vulnerables a los desastres por la situación de irregularidad en la que se encuentran.

Así, desde la revisión de programas, tanto internacionales, como nacionales, Luisa María Gutiérrez, aborda en su capítulo la discusión sobre la vivienda social desde el nuevo paradigma de innovación y sostenibilidad en los programas internacionales. Una de las críticas que expone es la ausencia de estudios dedicados a la investigación científica enfocados en la habitabilidad sostenible, catástrofes urbanas y el eficiente desempeño ambiental de los asentamientos humanos, con la finalidad de valorar la inclusión y la participación en el entorno urbanizado.

Es destacable que inician los estudios a profundidad acerca de los asentamientos humanos irregulares. Si bien, la principal precariedad es no contar con una certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra en el país, los planes urbanos de ordenamiento son precarios en su alcance; y en estos momentos los planes de ordenamientos inician los primeros proyectos para integrar el suelo rural y desde la perspectiva de la metropolización, es decir, la conversión del suelo rural a urbano. Es por ello que se requiere la actualización de los registros agrarios en México y evitar que estos se conviertan en zonas urbanas, a la vez que se les dota de los servicios para lograr la formalidad en la habitabilidad. Y es en orden de ideas que Sylvia Rodríguez, expone, en uno de los primeros diagnósticos realizados en la ciudad de Culiacán, que el 76 por ciento de los asentamientos irregulares cuenta con una rápida consolidación de las viviendas, y devela elementos de apropiación del espacio con componentes simbólicos que los distinguen y que son expresados a través de las representaciones e identidad social, cultural y religiosa de sus habitantes.

La concentración de la informalidad a partir de la habitabilidad puede llegar a configurar ghettos, pero también a diluir las raíces de una comunidad ante la hibridación que se presenta en el sentido sociocultural. Si bien, generalmente se cuestiona el valor histórico que se aporta por una comunidad al apropiarse del espacio, en especial, el habitable, puede llegar a constituirse un sitio con valor patrimonial. Y es aquí donde Brisa Carrasco, Jesús Morales, Berenice Mares, Edel Cadena, Raquel Hinojosa, Juan Campos y Juan López, destacan la importancia de estudios sobre la reivindicación identitaria en resistencia a la expansión en regiones autóctonas del país, que aporta un valor patrimonial en el habitar a través del sentido de comunidad que se encuentra plasmado en el diseño de los espacios recreativos y culturales, a la par que se incorpora la defensa de su territorio, y se develan propuestas para mejorar su habitar del espacio público y construir un patrimonio colectivo, de bien común.

Sin lugar a dudas, el derecho a la ciudad es una de las garantías que se ha puntualizado en trabajos científicos. En los últimos años, los estudios de género han provisto valiosas aportaciones para defender estos derechos, de ello la importancia del estudio del espacio público desde la perspectiva feminista. El trabajo de Laura Mercado se decanta sobre esta línea de investigación. Es importante recalcar que los estudios han evolucionado más rápidamente con resultados tangibles en el centro del país; se evidencia, tanto en las metrópolis y como en el norte de país, una disputa por tomar la calle y hacer propio el espacio público. Es un desafío alcanzar un urbanismo significativo para las mujeres, pues implica rehabilitar y repensar los espacios en las ciudades, especialmente, las del norte del país, que no cuentan con iniciativas bien fundamentadas.

Dos de los capítulos de este libro abordan el estudio de la movilidad de las personas peatonas. Daniel Franco, señala que el espacio de caminabilidad configura la dimensión de coexistencia social. Transformar el espacio para la peatonalización es una estrategia efectiva para dotar de orden social en la recuperación de la ciudad. Por su parte, Ivonne Álvarez y Glenda Yanes exponen un análisis sobre los sesgos en la movilidad por género. En este sentido, si uno de los retos es configurar los espacios para la caminabilidad, otro más es incorporar, desde la planeación de los asentamientos humanos, la perspectiva de género. Y, sobre todo, hacer operativa la regulación y la política pública sobre el tema. Visibilizar la problemática es el primer paso para el estudio de las políticas públicas desde un enfoque de habitabilidad inclusiva.

El capítulo de Irma Villegas, dirige la mirada desde la ciudad a los espacios académicos. A partir de una metodología cualitativa de mapas cognitivos, devela relaciones de poder diferenciadas, según el género, en los espacios públicos de un campus universitario. Su trabajo nos permite reflexionar sobre los modos del habitar cotidiano y sobre las implicaciones del diseño en las experiencias de movilidad, uso del espacio y percepción de seguridad de los estudiantes.

Finalmente, Fernando Arvayo, Glenda Yanes y Guadalupe Alpuche abordan la antifragilidad de los servicios ecosistémicos que pueden proveerse por la infraestructura verde. A partir de cuestionarse cómo desarrollar servicios ecosistémicos antifrágiles que puedan beneficiarse de las crisis naturales y antropogénicas, desarrollan una revisión sistemática y proponen principios categóricos para el concepto de antifragilidad en los servicios ecosistémicos.

Coedición con Qartuppi S. A. de C. V.